Gobierno sí privó de su libertad a migrantes deportados por los Estados Unidos

En resumen: La administración Chaves Robles privó de su libertad de forma “arbitraria y excesiva” a 200 migrantes que habían sido deportados por los Estados Unidos el año pasado, y los retuvo en instalaciones que solo podían dedicarse a fines humanitarios. Casa Presidencial negó esa detención ilegítima el 11 de febrero, ante la denuncia pública de la empresa Faber-Castell contra las autoridades costarricenses. Dicha empresa donó las instalaciones del Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en la frontera sur del país, donde el Gobierno retuvo a los deportados entre febrero y junio de 2025.  El 25 de junio pasado, la Sala Constitucional concluyó que las personas deportadas que estuvieron en el CATEM  “fueron privadas de su libertad de forma ilegítima”. El tribunal detectó que las autoridades costarricenses retuvieron los documentos de identidad de los migrantes —incluidos 79 menores de edad— y les prohibieron la salida de las instalaciones del CATEM sin sustento legal.  El Gobierno recibió a esas personas para apoyar la estrategia de deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump. El tribunal constitucional ordenó que el Estado pusiera en libertad y definiera el estatus migratorio de cada una de las personas que permanecían en el CATEM, y que se evaluara la asistencia social que necesitaran.